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| Foto: Alfredo López Casanova |
La
declaración del presidente es insostenible y levanta sospechas sobre
su compromiso con la justicia. Si elementos del Estado, el ejército
y la policía, participaron en un crimen como el de la desaparición
de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, se trata de un crimen de Estado,
diga lo que diga AMLO. ¿Acaso el que tengamos otro presidente cambia
el hecho de que esos representantes del Estado hayan participado en
la tragedia de Ayotzinapa y similares? Es irrelevante si el titular
del ejecutivo es otro: el crimen está hecho. De otra forma,
tendríamos que afirmar que ni la represión de 1968 ni la de 1971,
para tomar dos ejemplos, son crímenes de Estado. AMLO, como es su
costumbre, pretende con su mera entrada decretar la purificación de todo lo aborrecible, ahora incluso
de los crímenes históricos del Estado mexicano.
Ahora bien,
¿por qué AMLO postula una falacia de tal calibre? Suponiendo que el
tiempo que se tarda en su elocuencia lo ocupa para pensar
detenidamente lo que dice, una hipótesis probable es que trata de
quitar el peso simbólico que la caracterización de crimen de Estado
implica. Sobre todo, cuando es su gobierno el que ahora está
obligado a procurar justicia a los afectados.
De
ser ese el caso, se trata de un movimiento retórico para allanar la
impunidad que, durante el presente gobierno, se otorgará a crímenes
de Estado del pasado. Si esta dura interpretación es un error o una
exageración, se verá pronto. Ojalá estas líneas se equivoquen; de
ser así, quedan muchas preguntas que deben contestarse lo antes
posible. ¿Cuándo sabremos de la realización de indagaciones
exhaustivas en las instalaciones militares y en los mandos del
ejército que presuntamente participaron en la desaparición de los
estudiantes de Ayotzinapa? Suena difícil que un gobierno que tanta
confianza le ha dado al ejército en términos de la militarización
de la seguridad pública con la implementación de la guardia nacional se comprometa seriamente a poner a la institución castrense en el
ojo de una investigación que los señale como responsables de un crimen así. ¿Cuándo conoceremos
los expedientes debidamente conformados sobre los policías presuntamente
involucrados en esta tragedia? Expedientes que no se caigan en los
juzgados por no haber respetado el debido proceso, como ha sucedido
en buena parte de las investigaciones gubernamentales en este y otros
casos.
Mientras
no sepamos las respuestas a estas y otras preguntas igual de
apremiantes, este gobierno, como el anterior, sigue hablando el
lenguaje de la impunidad: ese que promete justicia con condenas
hechas sólo de discursos mientras trabaja torpe y lentamente para
que la justicia nunca llegue.
Señor
presidente, no se engañe y no nos engañe, mientras no se castigue a los culpables
el Estado sigue siendo responsable: es y fue el Estado.
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